Reformas en 2006: necesidad competitiva (una restrospectiva)
Esta es una columna publicada hace ya cuatro años, pero desde ese momento se denota la necesidad predominante de la participación cuidadana en la vida política nacional y la urgencia de hacer una reforma en la que se incluya la reelección.
El año electoral hace pensar a muchos que el momento no es oportuno para insistir en las llevadas y traídas reformas estructurales. Se concluye que el cargado ambiente no es propicio por el alto costo político y por la imposible formación de las necesarias coaliciones.
Difiero de este diagnóstico: al contrario, es menester insistir en ellas en un año electoral. Las reformas son de tal envergadura que no van a suceder a menos que se involucre al ciudadano promedio, de que se cuente con un mandato de la sociedad, de que se debatan las reformas. Más aún, si bien lo más importante sea que pasen, es de suyo muy valioso que se discutan, que se tomen posiciones.
Esto por razones competitivas —China no va a detener su marcha implacable y la carga actuarial de las pensiones crece exponencialmente, por lo que perder 2006 y buena parte de 2007 tiene un costo económico importante— así como por razones políticas: urge saber qué reflexiones han hecho los candidatos al respecto.
Las primeras tres semanas de campaña han sido desangeladas, pero no se atina a dilucidar por qué.
¿No será que se ha carecido de una discusión que implique un costo para los candidatos? ¿No será que no se logra arrinconarlos para que explayen los qué específicos y los cómo concretos?
Peor todavía, ¿no será que los tres principales candidatos no tienen una idea clara de qué reformas impulsar, o sienten que no hay necesidad de pedirle opinión sobre ellas a la gente?
El villano favorito en el fracaso de las reformas estructurales este sexenio ha sido el Congreso. Esta acusación es un tanto injusta ya que en realidad la opinión del Legislativo no dista mucho de la del resto de los mexicanos.
No hay encuestas que muestren a la mayoría a favor del IVA en alimentos y medicinas, o en pro de la inversión extranjera en energía eléctrica, o en favor de la competencia en gasolinas y petroquímica.
Es también injusta porque si en algo se ha distinguido el gobierno de Vicente Fox es por no enviar al Congreso de la Unión reformas ambiciosas, por temor de que no pasen.
Hoy ya nadie se acuerda de la propuesta de reforma de energía eléctrica de Fox que tenía como ambición dejar las cosas en el estado de las reformas aprobadas en 1992.
El Congreso no ha tenido que pronunciarse sobre las propuestas del Ejecutivo, porque éste nunca las manda: así sucedió también en el caso de IVA; se dejó que se desgastara el PRI, pero sin liderazgo de Los Pinos.
¿No hubiera sido una mejor estrategia que el presidente Fox hubiese puesto a consideración del Congreso una reforma de envergadura para obligar al PRI y al PRD a pronunciarse en un año electoral? ¿No sería esto más eficaz que salir todos los días en viajes que parecen campaña?
En la sesión ordinaria corriente, que termina el 30 de abril, no parece que vayan a discutirse ninguna de las reformas realmente importantes, a excepción quizá de las reformas del ISSSTE.
El otro periodo ordinario de 2006 empieza el primero de septiembre y termina el 31 de diciembre, es decir, casi todo durante la transición entre Ejecutivos entrante y saliente. El nuevo Congreso no conocerá de la ley de ingresos ni del presupuesto de egresos sino hasta diciembre, por lo que tendrá tiempo de sobra para debatir y aprobar alguna de las reformas.
De septiembre a noviembre se contará con un presidente electo que podría trabajar con el actual para hacer posibles algunas de las reformas. Sería absurdo cometer el error de 2000 cuando el presidente electo se dedicó a viajar por todo el mundo y no a forjar alianzas para pasar una o dos reformas importantes.
De haberlo hecho, el crecimiento del país hubiera sido uno o dos puntos arriba del obtenido y la percepción de la eficacia de su gobierno mucho mejor.
¿Qué reformas pasar en 2006? Hay dos fundamentales por el efecto que tendrían en los incentivos políticos a lo largo del próximo sexenio y porque sentarían las bases para el resto de las reformas: la política y la de las pensiones de los trabajadores afiliados al ISSSTE.
La reforma política debe ser relativamente simple pero de alto impacto, con dos componentes principales. Uno, permitir la reelección acotada de diputados, senadores, presidentes municipales y gobernadores.
Sin un mecanismo de participación ciudadana que faculte al elector para premiar o castigar a gobernantes no tendremos buen gobierno; para que el sufragio sea efectivo se requiere ahora la reelección. Dos, cambiar la fecha de toma de posesión del presidente de la República del primero de diciembre al primero de septiembre.
El largo periodo de transición no se justifica: no es democrático, es propicio a problemas y no permite la correcta elaboración del presupuesto al gobierno entrante.
La otra gran reforma es la incorporación de los trabajadores al servicio del Estado al régimen general de las Afores que tiene el resto de la fuerza laboral.
Esta incorporación permitiría no sólo reconocer el adeudo que se tiene con trabajadores que han cotizado largos años, sino que solucionaría el problema actuarial más pesado que enfrenta el gobierno, al tiempo que promovería la movilidad laboral, el adelgazamiento voluntario del aparato burocrático y pondría el ejemplo para atacar los otros grandes asuntos: el de Pemex, CFE, Luz y Fuerza del Centro y el del IMSS.
buzon@cmmsc.com.mx
* El autor es socio de De la Calle, Madrazo, Mancera, S.C. (CMM)
Publicado en El Universal en línea, el 15 de febrero de 2006
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