La autoridad del ciudadano sobre el gobierno

December 2, 2009 at 6:33 pm, Category: Notas

Se ha convertido en lugar habitual afirmar que la ciudadanía en nuestro país no es representada en sus verdaderas necesidades por nuestros representantes; es también común escuchar que en México no existe una sociedad activa que se interese por los procesos “democráticos” de toma de decisiones y que no muestra mayor interés en la observación, evaluación y resultados de políticas públicas y resultados legislativos.

Y ha sido lugar común, porque es precisamente lo que ocurre en nuestro ensamblaje social y político, puesto que los intereses y necesidades de la ciudadanía no están representados en prácticamente ninguna instancia de gobierno y debido a que, por razones que no es propicio tratar en este breve texto, la sociedad mexicana no ha sido particularmente activa ni participativa en la organización de sí misma con miras a incidir en los procesos de toma de decisiones.

Sin embargo, el hecho que la ciudadanía no opere de manera coordinada y en su beneficio, en conjunto, no implica que la otra parte de la ecuación se pueda permitir las mismas licencias, es decir, que los representantes realmente no atiendan al interés real de las mayorías y, en cambio, sí al de su partido o cúpula empresarial.

Representatividad.

El caso es que deben existir mecanismos suficientes para que, aún teniendo una ciudadanía pasiva –que no por ello deseable—, esta tenga los elementos suficientes para exigir representación en los distintos órdenes y niveles de gobierno y, a su vez, éste efectivamente represente.

Tanto de lado de la clase gobernante como de la ciudadanía, el tema central en una democracia efectiva, con todas sus consecuencias y efectos, se reduce a la representación. Si tomamos en cuenta que por mandato constitucional México es una democracia representativa, entonces la consecuencia lógica de dicha institución de Estado es que independientemente de los mecanismos de participación ciudadana, los mexicanos debemos ser representados.

Lo anterior no es así, y existen innumerables botones de muestra. Algunos de ellos: El sistema de votaciones de cuadro en el Congreso de la Unión; la falta de análisis de impacto jurídico, económico y social de reformas y nuevas leyes y, la consecuente falta de información sobre su incidencia en la población; el método de elección de candidatos en los distintos partidos políticos; la ausencia de información veraz sobre el diagnóstico, elección y ejecución de políticas públicas; carencia de programas efectivos de rendición de cuentas; entre muchos otros.

Existen diversos mecanismos que resultarían adecuados para que la representación en México sea eficaz y atienda los intereses de los ciudadanos. Porque hay que precisar, hoy en día efectivamente existe representación, sin embargo, esta atiende a los intereses reales de los grupos empresariales, sindicales, políticos y religiosos.

Reelección consecutiva de representantes populares.

Para que realmente el arreglo político –nuestros representantes— de un giro y cumpla con el mandato constitucional de representación –hasta hoy meramente programático—, una de las más evidentes soluciones recae en la figura denominada reelección consecutiva de representantes populares.

La reelección es un tema que en nuestro país despierta grandes reminiscencias al pasado revolucionario y que, sin embargo, es indispensable para lograr una representación democrática. Por muy primario que esto pudiera parecer, la reelección es un sistema que empodera al ciudadano al dotarlo de la elemental facultad de gratificar a su representante con un periodo adicional en el cargo o, en su caso, ante una mala gestión pública, no refrendar el mandato social otorgado en las urnas.

Esta es la esencia misma de la democracia representativa, en la que es el ciudadano quien decide efectivamente quien le representa y bajo que premisas, ideologías e intereses y quién no. Pero además, en las circunstancias sociales actuales del país se hace doblemente indispensable puesto que la ciudadanía es profundamente inactiva en cuestiones públicas (como diría Pietro Nenni respecto de los italianos; los mexicanos tenemos problemas con la racionalización de nuestra vida colectiva), razón por la cual es necesario dotarla de incentivos y mecanismos, como la reelección consecutiva, para que se involucre en los asuntos de interés general, en su propio beneficio, para que finalmente sea rectora de su autoridad ante el gobierno.

Ahora bien, la reelección consecutiva, particularmente la legislativa ha existido desde siempre y no fue sino hasta abril de 1933 que el Congreso de la Unión reformó el texto de la Constitución de 1917 y la eliminó, argumentando, entre otras cosas que:

“La Comisión que suscribe, cree sinceramente de tal trascendencia para nuestra futura vida cívica la incorporación del principio de la No Reelección a la legislación de la República, que se atreve a asegurar que una vez convertido dicho postulado en institución nacional, ello traerá como consecuencia inmediata y sensible el que un gran número de ciudadanos que prácticamente han vivido durante largos años al margen de toda actividad política, absteniéndose de hecho de ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones que tal carácter les impone, volverán con patriótico entusiasmo a interesarse por la marcha de la cosa pública, tomando parte activa en la renovación de los diferentes órganos del Poder, ya que su inercia o pasividad actuales obedecen, entre otras causas, pero muy principalmente, al hecho de que todos los hombres y grupos políticos que han permanecido durante largo tiempo en el poder, han seguido como norma indefectible de conducta el convenir la función electoral en una mera fórmula, en verdadera mascarada, lo que sin duda alguna ha dado por resultado la pérdida casi absoluta de la fe democrática, y, por ende, la indiferencia y el escepticismo cívicos.”

Lo anterior no puede ser más contrario a la realidad y, sin embargo, las consecuencias previstas con la eliminación de dicha institución de representación fueron precisamente las contrarias, es decir, la ciudadanía con el tiempo se ha alejado más de la cosa pública, en detrimento indiscutible de la democracia.

Por otro lado, muchos son los antecedentes legislativos de iniciativas de reforma que pretenden reincorporar la figura de la reelección continua en el Congreso de la Unión –algunas de las más recientes las del Senador Fernando Castro Trenti y el Diputado José Murat o la del Senador Juan Bueno Torio —, sin embargo, ya desde 1964 Vicente Lombardo Toledano, como Diputado federal y miembro del Partido Popular Socialista, en su intervención en tribuna del 30 de diciembre, con motivo de una iniciativa de reforma constitucional presentada por dicho partido, decía:

“Estamos manejando intereses colectivos y, más todavía, el problema de la ampliación sistemática y no interrumpida del sistema democrático de México. Eso es lo que estamos considerando, eso es lo que queremos mejorar: el régimen democrático de nuestro país.

…

Cuando un parlamento no influye en la marcha de la sociedad, cuando no prevé el futuro y no traza caminos para el porvenir, es un parlamento pequeño, infructuoso, que en lugar de ayudar al gobernante lo estorba.

Las futuras Legislaturas tendrán que ser más valiosas que la nuestra, pero la nuestra debe establecer las bases para que las venideras sean realmente superiores a la que hoy integramos.”

Dicha iniciativa si bien tenía imprecisiones –otorgaba a los partidos políticos la facultad de decidir cuáles de sus diputados habrían de ser reelectos y no los ciudadanos— abordó el centro del problema. La intervención de Lombardo Toledano podría decirse en la Tribuna parlamentaria hoy, y no redundaría repetirnos las preguntas que desde entonces él formuló. ¿Qué y cómo influye el parlamento en la marcha de la sociedad? ¿Son nuestras legislaturas mejores y más valiosas que las anteriores? Respuestas podrá haber muchas, y sin embargo, las conclusiones son desalentadores.

En relación a la primera pregunta cabría decir que no se sabe, pues no hay indicadores ni medidores fiables respecto a la incidencia e impacto en la ciudadanía de los cambios institucionales y reformas legales y constitucionales; ello, como causa y consecuencia de la ausencia de representación real. Respecto al segundo cuestionamiento, quizás sea mejor nuestro tiempo político en términos de pluralismo, no así de representatividad, en ese rubro seguimos estancados muy en lo profundo.

La reelección legislativa, no es una novedad, no se trata de inventar una institución. Es simplemente el empoderamiento del ciudadano, algo evidente y lógico en una democracia.

Panorama actual.

Ahora bien, existen causas visibles por las cuales, en apariencia, los partidos políticos se negarían a implementar la reelección consecutiva. Una de ellas, atiende a la rotación política de los miembros de partido. Es decir, a mayor número de plazas en menor número de tiempo, la cúpula partidista podrá lograr mayor grado de cooptación política de sus afiliados.

La segunda y quizás la más perniciosa es el control político mismo. Al no depender del ciudadano, el representante tiene como gran elector al líder de partido –ya sea de iure o de facto—, y con ello, se desvirtúa todo el enramado democrático y, por lo tanto, la representación misma. Como consecuencia de lo anterior, se dan las votaciones en cuadro ya referidas o el llamado voto ponderado, generando grilletes políticos a los representantes e impidiendo la independencia y libertad de los parlamentarios.

La reelección consecutiva, ya sea de legisladores o munícipes, es una de muchas vías que existen –de entre las candidaturas independientes, las acciones colectivas, la transparencia en los partidos políticos, el voto en blanco, el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular, etc. — para que sea el ciudadano el titular de la democracia y no su víctima; que sea la sociedad quien decida por sí misma que es lo que quiere y que necesita y no al revés.

Para alcanzar una democracia efectiva se necesitan caminar muchos pasos, es necesario institucionalizar a las instituciones y, por supuesto y quizás sobre todo, que exista la voluntad política para hacerlo.

En México padecemos de determinismo constitucional –como lo apunta Jesús Reyes Heroles al hablar de la folletería que acompaño a la Constitución de Cádiz en 1820—, en donde basta que las instituciones o figuras imperen en el texto de la Constitución para que por generación espontánea el entramado social, político y jurídico se modifique. Es indispensable que exista ánimo y voluntad de cambio y de desarrollo democrático. Es necesario que se adopten instituciones al modo mexicano que tiendan hacia la representación efectiva.

Un primer paso es la reelección consecutiva de nuestros representantes y, con ello, reivindicar al ciudadano en su poder, en su autoridad sobre el gobierno.

Por: Gonzalo Sánchez de Tagle P.S.

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